Cambios legislativos en materia de arrendamiento de vivienda

El gobierno ha publicado el pasado 14 de diciembre el Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que, entre otros, modifica los siguientes puntos de la Ley de Arrendamientos Urbanos:

Duración del contrato: Las partes podrán pactar libremente la duración del contrato, aunque si ésta fuera inferior a 5 años, o inferior a 7 años si el arrendador es persona jurídica, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance la duración mínima de 5 años o de 7 años si el arrendador es persona jurídica.

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.

En cualquier caso, el arrendatario tiene la opción de no prorrogar el contrato mediante un preaviso de 30 días respecto de la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, fuere cual fuere el plazo de duración convenido.

Prórroga contractual obligatoria: El contrato deberá se prorrogará 3 años más si, llegada la fecha de su vencimiento, ninguna de las partes hubiera manifestado su voluntad de no prorrogarlo.

Gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato: El arrendador persona jurídica deberá asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato (tales como, honorarios de administrador de fincas, abogado, agente inmobiliario, gastos notariales, etc.). Los gastos por los servicios contratados por iniciativa del arrendatario serán a su cargo.

Importe de garantías adicionales: El importe de cualquier garantía adicional a la fianza no podrá exceder de dos mensualidades de renta.

Régimen transitorio: Los contratos suscritos antes del 19 de diciembre de 2018 continuarán rigiéndose por la normativa anterior que les era de aplicación. No obstante, las partes podrán acordar que se adapte su relación contractual a lo establecido en el referido Real Decreto-Ley.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: Se establece una exención en el pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, correspondiente al contrato de arrendamiento, que hasta ahora debía pagar el arrendatario, en los contratos de arrendamiento de vivienda cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.