Plan anual de control tributario de la AEAT para el ejercicio 2019

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General Tributaria de elaborar anualmente un plan de control tributario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha publicado la Resolución de 11 de enero de 2019 (BOE de 17 de enero de 2019), donde se detallan las directrices generales del citado Plan General de Control Tributario y Aduanero para el nuevo ejercicio 2019.

En la Nota de Prensa, que publica la propia Agencia Tributaria, se resumen las actuaciones prioritarias, de las que destacamos las que nos parecen más relevantes:

Uso abusivo de sociedades y control general en Sociedades

Como en años anteriores, se analizará la interposición de personas jurídicas con el objeto de reducir improcedentemente la tributación, sin perjuicio de análisis concretos que permitan detectar otras inconsistencias como la indebida deducción de gastos personales.

Además, como complemento a las actuaciones de control de grandes empresas, se realizarán actuaciones conjuntas de las áreas de Gestión y de Inspección sobre las pequeñas sociedades comerciales o industriales, hasta ahora con un bajo nivel de prioridad en el control del impuesto, con el objetivo de mejorar su comportamiento tributario.

En especial, se actuará respecto de las empresas cuyos volúmenes de actividad, de beneficios, de ventas o de cobros resulten incoherentes con los normales de su sector.

Control en el ámbito de recaudación

Se desarrollarán actuaciones para evitar la elusión del pago de las deudas mediante técnicas de ocultación del patrimonio creando apariencias de insolvencia, en ocasiones mediante testaferros, la interposición de entidades o la ocultación de los bienes o derechos en el exterior.

Además, se introducirán mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio, se intensificarán las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables de las deudas, la adopción de medidas cautelares cuando existan indicios racionales de que el deudor o terceros vayan a obstaculizar o impedir la acción de cobro y la utilización de todas las posibilidades que la normativa establece para exaccionar las deudas por responsabilidad civil y las penas de multa cuyo cobro se encomiende a la Agencia Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito.

Creación de la Unidad de Control de Patrimonios Relevantes

Muy especialmente se potenciarán las actuaciones de control acerca de los contribuyentes con patrimonios significativos con la creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.

Esta unidad tiene el objetivo de coordinar e impulsar en todo el territorio la obtención y ordenación de información para el control, la colaboración en el desarrollo de nuevas herramientas informáticas y la propuesta, impulso y seguimiento de nuevas líneas de selección de obligados tributarios que cuentan con un patrimonio relevante y muestran determinados perfiles de riesgo fiscal. En las actuaciones se prestará especial atención a los bienes y derechos situados en el exterior y los entramados financieros y societarios.

Nuevos modelos de negocio

Se realizará un estudio inicial de las tecnologías Fintech para evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre el desarrollo de actividades económicas, al tiempo que se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes.

Además, se continuarán realizando actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades, como la “triangulación de envíos”, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y “tiendas de tiendas” instaladas en páginas web. Asimismo, serán objeto de atención las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico. De igual forma, continuará el análisis y estudio de los nuevos medios de pago para avanzar en su control.

También se efectuará el análisis y explotación de la información de terceros sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales realizadas por contribuyentes residentes en España, en aplicación de la nueva normativa, que está previsto que se apruebe en 2019.