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La responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Hasta la reciente reforma del código penal, las personas jurídicas (sociedades mercantiles) no eran consideradas penalmente responsables, sin embargo la recientemente publicada Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, introdujo importantes cambios respecto a responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ).

El pasado 22 de enero de 2016, la Fiscalía General del Estado publicó la circular 1/2016 por la que aclara términos y conceptos introducidos por la reciente reforma, y los criterios para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento corporativo en las empresas, los cuales desde la entrada en vigor de la última reforma, actúan como eximentes penales.

A continuación, recogemos las principales conclusiones de esta Circular que aborda muchas de estas cuestiones:

  • A las personas jurídicas les puede ser atribuido un amplio catálogo de delitos, que la Circular expone de forma ordenada y que implica una ampliación con respecto a los que anteriormente podían ser atribuidos.
  • Personas físicas que pueden provocar la responsabilidad penal de la persona jurídica: podrán ser sus representantes legales o quienes actuando individualmente, o como integrantes de un órgano, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, siendo básicamente los administradores de hecho y de derecho, consejeros ejecutivos, apoderados, directivos e incluso mandos intermedios que tengan atribuidas dichas facultades.

La circular de la fiscalía imparte instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo o compliance en las empresas, que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal:

  • El objetivo de los modelos de compliance debe ser promover una verdadera cultura ética corporativa, de forma que los citados modelos de cumplimiento normativo y de gestión se apliquen en la toma de decisiones de directivos y trabajadores.  Estos modelos servirán de eximente ante una posible sanción penal de la empresa, entendiendo que la empresa ha tomado las medidas y formado a sus empleados para evitar conductas ilícitas que puedan ser objeto de sanción penal.
  • Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por parte de empresas evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, mediante las cuales se manifiesta que un modelo cumple las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento que prueba la adecuación del modelo, pero en ningún caso acreditan de facto su eficacia ni sustituyen la valoración que de forma exclusiva es competencia del órgano judicial.
  • El órgano de administración y la dirección de la compañía deben comprometerse y apoyar el programa de compliance de la compañía para que éste pueda ser considerado eficaz, pues, sólo de esa forma se podrá trasladar al resto de la compañía.
  • Resulta imprescindible la redacción de un código de conducta del empleado, que recoja la casuística concreta de las funciones de su cargo, así como un proceso de información y formación a los trabajadores, directivos y miembros del órgano de administración en materia de compliance.

Ante un posible acto de responsabilidad penal, se considerarán todos estos aspectos como posibles eximentes de la responsabilidad penal de la empresa. Siendo los mas importantes el protocolo de compliance, la formación de los empleados, la implicación de la organización en la investigación de la causa, así como implicación de los administradores y directivos en el resarcimiento de los daños, y la imposición de medidas disciplinarias y correctoras.

Aquí tiene la CIRCULAR completa de la Fiscalía General del Estado.

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